El miércoles 20 de diciembre de 2023, el dólar oficial y el dólar blue enseñaron una brecha de más del 100 por ciento en Argentina. El dólar oficial cotizó a $783 para la compra y $823 para la venta en las entidades bancarias, mientras que el dólar blue se vendió a $945 para la compra y $995 para la venta en el mercado informal.
Esta diferencia se debe a las restricciones cambiarias impuestas por el gobierno, que limitan la cantidad de dólares que se pueden adquirir al precio oficial. El dólar blue cotiza este jueves 21 de diciembre a $965 para la compra y $995 para la venta. En tanto el dólar oficial cotiza a $783,50 para la compra y $823, 50 para la venta.
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A su vez, el miércoles 20 de diciembre de 2023, el dólar contado con liquidación cotizó a $960,32 y el dólar MEP a $960,32, ambos con una merma del 4,51 por ciento respecto al día anterior. Estos valores se ubicaron por debajo del dólar blue, pero por encima del dólar oficial.
Este jueves el dólar contado con liqui cotiza a $936,91 para la compra y $955,32 para la venta. El dólar tarjeta, en cambio, se calculó en $1.316, con un aumento del 0,18 por ciento. Este penúltimo día hábil de la semana cotiza a $1,317 en promedio, según el sitio financiero Dólar Hoy.
Fuente: Dólar Hoy
La economía argentina podría sufrir un fuerte impacto por el reciente DNU comunicado con Javier Milei, que busca desregular toda la actividad económica y productiva del país. El DNU contiene medidas como la privatización de los bienes del Estado, la eliminación de las regulaciones laborales, la reforma impositiva, la liberalización del mercado cambiario y la supresión de las leyes de medios, entre otras.
Estas medidas podrían tener consecuencias positivas y negativas, según el punto de vista de cada sector. Por un lado, podrían favorecer la inversión, la competencia, la eficiencia, la transparencia y la reducción del déficit fiscal. Por otro lado, podrían generar desempleo, inflación, desigualdad, conflictividad social y pérdida de soberanía.
DNU
El DNU de Milei ha generado una fuerte reacción de la oposición, los sindicatos, los movimientos sociales y algunos sectores empresariales, que lo consideran inconstitucional, ilegal e ilegítimo. Algunos de estos actores han convocado a movilizaciones, paros, recursos judiciales y acciones de resistencia para expresar su rechazo al DNU y exigir su derogación.
El gobierno, en cambio, ha defendido el DNU como una herramienta necesaria y urgente para enfrentar la crisis económica y social que atraviesa el país, y ha anunciado que enviará al Congreso un paquete de leyes complementarias para consolidar su programa de reformas.