El proceso de selección de jueces para la Corte Suprema de Justicia es un tema de gran relevancia en Argentina, y recientemente ha tomado especial atención con la nominación del juez Ariel Lijo. El presidente Javier Milei ha dado su visto bueno a este pliego, lo que ha generado un amplio espectro de reacciones en el ámbito político y social.
Ariel Lijo, un juez federal con una trayectoria destacada en el ámbito penal, ha sido propuesto para ocupar una vacante en la Corte Suprema. Esta nominación llega en un momento en que el máximo tribunal ha estado funcionando con menos integrantes de los cinco que debería tener, tras la salida de Elena Highton de Nolasco en 2021.
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La nominación de Lijo ha hallado apoyo en algunos sectores del peronismo, que se han enseñado dispuestos a negociar su confirmación, destacando la importancia de completar la composición de la Corte.
Sin embargo, también ha habido voces críticas, como las de la Coalición Cívica, que han anunciado su intención de impugnar la postulación, cuestionando la falta de representación femenina y otros aspectos de la nominación.
El pliego de Lijo se percibe como una oportunidad para que el gobierno de Milei influya en la dirección de la justicia argentina, alineándose con los principios de la Constitución de Alberdi que el presidente ha promovido.
La designación de Lijo es vista por algunos como una incitación contra los actuales jueces de la Corte, Rosatti y Maqueda, y como un posible cambio en el equilibrio de poder dentro del tribunal. Para que Lijo se convierta oficialmente en integrante de la Corte Suprema, su pliego debe ser confirmado por el Senado.
Panorama
Este proceso requiere de una mayoría calificada, lo que significa que ningún candidato puede ser confirmado sin el apoyo de múltiples partidos políticos. La decisión final sobre su confirmación está pendiente y será un reflejo de las dinámicas políticas actuales.
La confirmación de Ariel Lijo podría tener un impacto significativo en la jurisprudencia argentina. Su experiencia en casos penales de alto perfil, como el de la ex Ciccone Calcográfica y la denuncia presentada por el fiscal Nisman, sugiere que podría aportar una perspectiva única al máximo tribunal.